Los presupuestos que plantea el Gobierno con el acuerdo del grupo confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea tocan varias figuras impositivas y crean alguna nueva para recaudar cerca de 6.000 millones de euros para sufragar gasto social y seguir con el ajuste del déficit.
En primer lugar, en el IRPF, según el texto presentado por Moncloa, se incluyen dos tramos más a partir de los 60.000 euros: desde los 130.000 euros se subirá el tipo estatal dos puntos y a partir de los 300.000 euros, en cuatro puntos (los nuevos tipos estarían, en términos generales, asumiendo que los estatales son idénticos a los autonómicos, algo que no ocurre en todos los casos, en el 45, el 47 y el 49 por ciento, por ese orden en los nuevos tramos).
«En principio, no me preocupa demasiado, aunque si tenemos en cuenta que las comunidades autónomas tienen capacidad para modificar la ´mitad´ de los tipos de la tarifa general, el resultado puede conducir en algunas autonomías a tipos marginales totales bastante elevados», afirma Jorge Onrubia, profesor de la Universidad Complutense. Santiago Lago Peñas, profesor de la Universidad de Vigo, añade: «En ningún caso el tipo marginal máximo debería superar el 50 por ciento. Es un límite más que simbólico». Y ya estaríamos cerca, aunque a mediados del siglo XX y en países como EE.UU. o el Reino Unido, los marginales llegaron a superar el 90 por ciento.
Miguel Ángel Bernal, del IEB, comenta que el cambio propuesto afecta a poca gente y, por tanto, implica poca recaudación. Los técnicos de Hacienda (Gestha) han calculado que sólo 121.550 contribuyentes se verían afectados por este incremento del IRPF. Para Bernal, el problema de este impuesto no está en los tipos, sino en la gran abundancia de deducciones y reducciones que existen.
Según Lago Peñas, la recaudación adicional efectiva de la subida será muy menor. También porque, ante una subida de tipos, algunos contribuyentes reaccionan buscando fórmulas de elusión o trabajando menos.
José María Mollinedo, de Gestha, comenta, precisamente, que la gran limitación del IRPF es la elusión fiscal: sólo el 4 por ciento de los contribuyentes declaran rentas de más de 60.000 euros, lo que les convertiría en ´los ricos´. Ello no tiene sentido, dice Mollinedo; lo que ocurre, apunta, es que muchos declarantes constituyen vehículos a través de las que canalizan rentas. Ya lo dijo el presidente Sánchez en una entrevista en La Sexta: las grandes fortunas no pagan IRPF. Y, antes de él, el exministro Cristóbal Montoro. Mollinedo afirma: «No es posible que los ministros de Hacienda consideren este problema como algo inabordable». Propone como solución la inspección: «El 80 por ciento de la plantilla se dedica a investigar a los pequeños contribuyentes y el 20 por ciento, a los grandes. Habría que invertir esa relación de forma paulatina», dice Mollinedo.
Ahorro y patrimonio
La propuesta del Gobierno también incluye un incremento de la tributación de los rendimientos del capital, incluyendo un nuevo tramo: ahora plusvalías de hasta 6.000 euros pagan un 19 por ciento; entre los 6.000 y los 50.000, un 21 por ciento; y a partir de la última cantidad, al 23 por ciento. La propuesta recoge que rendimientos por encima de los 140.000 euros tributarán al 27 por ciento. Lago Peñas valora: «La subida no es dramática. Objetivamente, en el IRPF las rentas del capital tienen hoy un tratamiento mucho mejor que las del trabajo». Mollinedo añade que las rentas del ahorro se han quedado al margen de la progresividad que ha de primar en el IRPF y que lo planteado acerca el tipo sobre el capital al de la renta general.
Pero Onrubia, en cambio, critica la evolución de los tipos sobre el ahorro: «En 2007, con acierto, el Gobierno del PSOE apostó por un IRPF de estructura dual -quizás con un tipo de gravamen bajo, del 18 por ciento-. Tras la primera reforma de 2010, con dos tramos, las posteriores del PP con tres y tarifas suplementarias, y ahora con esta prevista, hemos abandonado de facto lo que se esperaba de la estructura dual. Hemos ido a un modelo de IRPF híbrido muy poco consistente».
En cuanto al alcance de la subida del tipo sobre el ahorro, Bernal señala que a la mayoría de los contribuyentes no les va a afectar, puesto que, de acuerdo con los cálculos de Gestha, sólo 60.000 declaran rentas del capital por encima de los 140.000 euros. Mollinedo insiste en que la causa de este pequeño número reside en la elusión fiscal.
Asimismo, se plantea incrementar Patrimonio en un punto porcentual para fortunas a partir de los diez millones.
¿Desincentivan el ahorro estas medidas? Según Bernal, ése no es el problema, sino que no hay medidas que lo incentiven. Onrubia añade: «España, a diferencia de otros países, concentra el ahorro personal en activos inmobiliarios. Lograr que esto cambie exige no penalizar el ahorro personal financiero (obviamente no especulativo)».
Tasa Tobin
Aunque hay una medida que puede desanimar una determinada operativa en los mercados: la compra de valores españoles con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Sobre ella pesará un impuesto del 0,2 por ciento. Javier Urones, de XTB, comenta, atendiendo a lo que sucedió en Francia, que puede reducirse el volumen negociado en acciones en la bolsa, la liquidez, la profundidad de las órdenes y, por tanto, elevarse el coste para los inversores. «Un impuesto que grava una conducta implica, bien que se evite esta operativa (la compra de acciones españolas y, a cambio, se apueste por equivalentes europeas, como plantea Bernal), bien que, si se sufre, se traslade al siguiente escalón de la cadena», añade Abel García, de Life Abogados. Urones, de hecho, apunta que los intermediarios trasladarán a los clientes ese coste. Por ejemplo, las gestoras de fondos y planes de pensiones. Además, prevé que podría elevarse la operativa con derivados, ya que sobre ella no se aplicará el tributo.
Mollinedo cree que este nuevo impuesto va a crear un problema político importante: «Está por ver si el Grupo Popular y Ciudadanos aceptan crearlo». Y eso que, según recuerda, en el plan de estabilidad 2018-2021, Montoro también contaba con esta figura tributaria que reportaría ingresos de alrededor de 600 millones de euros.
Jorge Onrubia analiza las consecuencias de este nuevo impuesto: «Aunque a corto plazo se me antoja una medida poco relevante, a medio plazo los costes de eficiencia pueden ser bastante altos por la distorsión que generarán sobre la estructura y las decisiones de financiación de las empresas». Según Onrubia, en términos relativos, abaratará la inversión financiada con endeudamiento, por lo que no es una buena medida para contribuir al desapalancamiento de las empresas. Además, añade, en un contexto de subidas de tipos, distorsionará las decisiones de composición de cartera de los ahorradores, sesgándolas hacia la renta fija. Onrubia opina que, para incrementar la recaudación, sería más adecuado revisar la exención del IVA en las operaciones financieras.
Sociedades, sicavs y socimis
En cuanto a otros instrumentos que «se tocan», nos encontramos con las sicavs, aunque sólo su control: pasará a estar bajo la de la Agencia Tributaria. Ello, a efectos prácticos, según Mollinedo, implica que, sin necesidad de esperar a la CNMV, Hacienda podría realizar la liquidación tributaria, si observa que la sociedad no cumple las normas. Aunque, para que sea operativo de verdad, añade Mollinedo, se debería dejar claro qué porcentaje máximo puede tener un socio. Gestha recomienda un 5 por ciento.
También se realiza alguna modificacion en las socimis, aunque el cambio es pequeño. Ahora estas empresas pagan un 0 por ciento en Sociedades. Según propone el Gobierno, seguiría así para las rentas obtenidas por su actividad principal, el alquiler de los inmuebles, pero comenzará a aplicarse un tipo del 25 por ciento sobre los ingresos que obtengan otras actividades y de un 15 por ciento sobre los beneficios no distribuidos. A juicio de Abel García, casi toda la tributación será al 25 por ciento, puesto que sí suelen cumplir con la distribución de las rentas en forma de dividendos. Según Mollinedo, las reservas legales que han de constituir quedarían excluidas de tributación.
Hablando también de Sociedades, según la propuesta, el tipo mínimo de tributación estará en el 15 por ciento, y en el 18 en el caso de la banca y las compañías de explotación de hidrocarburos. Onrubia no lo ve bien: «La discusión sobre si el tipo medio efectivo en sociedades es muy bajo cuando se calcula sobre el resultado contable encierra muchos aspectos que no se pueden reflejar en el valor de ese tipo y que son diferentes entre empresas».
Eso sí, a las empresas que facturan menos de un millón de euros se les baja el tipo del 25 al 23 por ciento.
Pero en este capítulo, lo que ha causado más controversia ha sido lo que tiene que ver con la fiscalidad de los beneficios de las empresas fuera de España. Ahora mismo están exentos al 100 por cien y la medida propuesta es reducir en un 5 por ciento esa exención en concepto de gastos no deducibles en el impuesto. Abel García explica la cuestión: «En las relaciones internacionales, las rentas que una sociedad obtiene en el extranjero ya pagan impuestos en el extranjero, y si el dinero restante se repatría a España en forma de dividendos, éstos no tributan». Y valora: «Si en España se declara la guerra a la repatriación de rentas de sociedades del extranjero, haremos el negocio a otros países que se dedican a dar cobijo a estructuras patrimoniales».
Dudas con las eléctricas
Si en general el mercado español no ha sufrido con la presentación del acuerdo fiscal y del borrador de los presupuestos o, al menos, no más que otros, sí se ha observado una mayor sensibilidad en el sector eléctrico. Ello porque en su texto se recoge la intención del Ejecutivo de acabar con la «sobrerretribución» que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías. Como explican los analistas de Bankinter, el mercado mayorista o ´pool´ funciona con un esquema marginalista de acuerdo con el cual, la última unidad que oferta que entra en el mercado es la que marca el precio para todas las demás. Así, si hay mucha demanda, se necesitará que funcionen las centrales de gas, que son las más caras, y marcarán el precio para todas las que han entrado antes, aunque sean más baratas de producir. Con esos «beneficios caídos del cielo» quiere acabar el Gobierno.
Según los expertos de Bankinter, «si se introducen y se aprueban estos cambios, algunas empresas del sector se verían negativamente perjudicadas, especialmente las que tengan más exposición a energía hidráulica y nuclear. Estas instalaciones han recuperado sus costes de inversión y reciben una remuneración elevada a través del ´pool´ cuando hay mucha demanda y el precio del gas (o petróleo) es elevado. Esta es la situación que existe ahora en el mercado doméstico». La incertidumbre regulatoria es una de las razones por las que Bankinter no favorece la inversión en ´utilities´.
Ángel Pérez, de Renta 4, por su parte, considera que lo que ha castigado a las empresas es el bono social, que será más ambicioso y les supondrá un mayor coste. En este sentido, cree que el valor más afectado sería Endesa, totalmente expuesto a España; después, Naturgy, y finalmente, Iberdrola.
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Fuente:
Finanzas
OCT
2018